El presupuesto de los Consejos de Desarrollo (CODEDES) vuelve al centro del debate. En un año preelectoral, los fondos públicos crecen mientras reformas legales amplían su flexibilidad y reducen los controles.
Aunque su objetivo es impulsar proyectos comunitarios, el nuevo marco genera preocupación por clientelismo y uso político del dinero público.
En 2025, el presupuesto vigente superó los Q12 mil millones, casi el triple del monto inicial, con una ejecución del 34.83 % al 24 de octubre, según Transparencia Presupuestaria. Para 2026, se proyectan Q4.5 mil millones, manteniendo la tendencia de fuerte inversión en los consejos.
El Decreto 7-2025, aprobado pese al veto presidencial, permite trasladar automáticamente los saldos no ejecutados al siguiente ejercicio fiscal, lo que rompe con la regla de cerrar cada año presupuestario. El CIEN advirtió que la medida “debilita los controles y fomenta discrecionalidad”.
Los diputados defienden la reforma como un mecanismo para evitar obras inconclusas, pero analistas alertan que podría favorecer intereses políticos locales. Un 2026 marcado por aspiraciones de reelección, la transparencia y la vigilancia ciudadana serán determinantes para impedir que los CODEDES se transformen en un millonario botín electoral.
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