La hidroeléctrica Palo Viejo, ubicada en San Juan Cotzal, Quiché, enfrenta una controversia legal tras la suspensión provisional del Acuerdo Ministerial 145-2026 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que pretendía realizar una consulta al Pueblo Maya-Ixil pese a que el proyecto fue autorizado hace años y actualmente se encuentra en operación.
El sector empresarial, incluyendo el Cacif, la Cámara de Industria y asociaciones de generadores de energía renovable, presentó acciones legales al considerar que la medida vulnera la Constitución, la seguridad jurídica, la jerarquía normativa y el Convenio 169 de la OIT.
La Corte de Constitucionalidad deberá resolver si un acuerdo ministerial es el instrumento adecuado para regular consultas indígenas y si es procedente efectuar una consulta posterior sobre una obra ya construida y funcionando. Magistrados recordaron que las consultas deben ser previas, informadas y realizadas de buena fe, evitando generar incertidumbre para la inversión y el desarrollo económico del país.
