El proceso para elegir al fiscal general del Ministerio Público 2026 ha quedado en entredicho. La Comisión de Postulación, encargada de seleccionar a los candidatos más idóneos, ejecutó su función con graves irregularidades.
El resultado fue tan deficiente que la Corte de Constitucionalidad intervino: el 23 de abril anulando por completo su trabajo y ordenó reiniciar la calificación, sin tomar en cuenta la experiencia como juez, y votar por una nueva nómina que fue presentada al presidente Bernardo Arévalo.
Durante la conferencia de prensa conocida como “La Ronda”, el 27 de abril, el mandatario explicó que las entrevistas se desarrollarán entre el martes 28 y el jueves 30 de abril y no serán abiertas al público.
Esta falta de transparencia llama la atención, ya que los ciudadanos tienen derecho a presenciar este proceso vital para el país.
En contraste, hace cuatro años, cuando el presidente en ese momento, Alejandro Giammattei, realizó este proceso, lo hizo de forma pública y transparente, como lo explicó el secretario de la Presidencia en su momento, Kevin López Oliva. En ese entonces se respetó el proceso según lo dictamina el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala.
Hoy, a puerta cerrada, se decide el fiscal que podría frenar los antejuicios contra el presidente Bernando Arévalo y su círculo. La opacidad no es casual: es conveniencia disfrazada de institucionalidad.
