La iniciativa de Ley de Aguas, prometida al inicio del actual gobierno, continúa retrasada y existe la posibilidad de que no sea presentada durante esta administración. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) sigue trabajando en la propuesta, que busca regular la gestión del recurso hídrico y garantizar el acceso al agua mediante la creación de la Superintendencia Técnica del Agua.
El proyecto ha sido sometido a un proceso de socialización con sectores productivos, agrícolas y comunidades indígenas para incorporar consensos. Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos es el reconocimiento de sistemas comunitarios de gobernanza del agua, ya que analistas consideran que podría facilitar bloqueos a proyectos hidroeléctricos, similares a los conflictos registrados con actividades mineras apoyadas por ONGs extranjeras.
El sector privado pide reglas claras y sin ambigüedades para evitar interpretaciones políticas. Además, la ley busca enfrentar los efectos del cambio climático y las sequías que afectan distintas regiones del país.
