La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó demandas relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba tras la revolución de Fidel Castro.
El fallo favorece a Havana Docks Corporation, cuyo muelle fue expropiado en 1960 y posteriormente utilizado por líneas de cruceros. La decisión, con amplio respaldo del tribunal, podría abrir la puerta a más reclamaciones de empresas estadounidenses afectadas por nacionalizaciones. El caso se basa en la Ley Helms-Burton, cuya aplicación fue reactivada en 2019 por la administración de Donald Trump, permitiendo demandas contra quienes utilicen activos confiscados por el gobierno cubano.
