GAFI confirma que mantiene observaciones sobre Guatemala desde su evaluación mutua de 2016, mientras el Congreso mantiene entrampada la iniciativa 6593 que modernizaría la legislación antilavado, atrapada en negociaciones políticas vinculadas a reformas al Ministerio Público y a la Ley de Extinción de Dominio.
La Superintendencia de Bancos (SIB) advierte que la normativa vigente, con casi 25 años de antigüedad, ya no alcanza para cumplir los estándares internacionales.
Guatemala incumple en cinco frentes críticos: transparencia del beneficiario final, inclusión de abogados y notarios en el régimen antilavado, supervisión de proveedores de criptoactivos, sanciones financieras por terrorismo y debida diligencia basada en riesgo.
El riesgo es concreto: caer en la “lista gris” del GAFI encarecería remesas, crédito PYME y deuda soberana, además de erosionar corresponsalías bancarias. La próxima evaluación de GAFILAT está programada para 2028 y el tiempo corre en contra.
