Estados Unidos, única potencia que defiende la democracia en América Latina, enfrenta la expansión comunista de China, Rusia e Irán tras años de negligencia de gobiernos demócratas anteriores que debilitaron la seguridad hemisférica. Un informe del Centro para el Estudio de la Democracia documenta alianzas híbridas que fusionan comercio legal, crimen organizado y desinformación para erosionar instituciones regionales.
China domina el comercio con el 24,3% en Venezuela, 20,8% en Bolivia y 19,6% en Colombia, financiando infraestructura como el Metro de Bogotá e imponiendo censura digital.
Rusia genera 10.000 millones anuales en materias primas mediante empresas offshore; en Brasil controló el 90% del diésel y 40% de fertilizantes importados entre 2022-2026, mientras suministra armas a cárteles mexicanos —el 60% de las decomisadas eran rusas— y opera centros de entrenamiento en Nicaragua.
Irán y Hezbollah lavan 200 millones de dólares mensuales mediante tráfico de cocaína y oro en Panamá y Colombia.
La recuperación democrática exige cooperación inteligente, sanciones estratégicas y fortalecimiento institucional urgente.
El problema, sin embargo, sigue siendo el mismo: ¿están las instituciones regionales preocupadas por esta penetración? ¿O prefieren mirar para otro lado?
