La duda vuelve a colocarse en el centro del debate sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tras los señalamientos surgidos en las elecciones pasadas, donde se invirtieron millones en software cuestionado, ahora el TSE solicita al Congreso una ampliación presupuestaria de Q122 millones. Aunque argumenta que será para temas administrativos y fortalecer sistemas informáticos, persisten interrogantes sobre el uso de los recursos.
Mientras tantos partidos políticos han expresado preocupación por la seguridad y regulación de los sistemas, especialmente ante recientes ciberataques. El TSE asegura tener un plan de protección, pero las dudas sobre transparencia, inversión y eficacia tecnológica siguen sin resolverse.
