La propuesta de crear el Centro de Seguridad Interinstitucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos de Guatemala (CSIRT-GT), incluida en la iniciativa de Ley de Ciberseguridad, ha despertado dudas entre expertos. Aunque busca mejorar la respuesta ante ciberataques y coordinar acciones entre instituciones públicas y privadas, su estructura mezcla funciones técnicas con roles políticos, de inteligencia y persecución penal.
Especialistas señalan que, según estándares internacionales, un CSIRT debe ser un ente técnico e independiente, enfocado en monitorear, detectar y responder a incidentes digitales. La propuesta guatemalteca, al integrar múltiples entidades del Estado y vincularse a decisiones de seguridad, podría afectar su credibilidad y reconocimiento internacional.
A pesar de las críticas, existe consenso en la urgencia de fortalecer la ciberseguridad en el país. El aumento de la ciberdelincuencia y la falta de inversión tecnológica evidencian la necesidad de una estrategia sólida, aunque bien diseñada para garantizar efectividad.
