El Registro Nacional de las Personas (Renap) adjudicó un contrato de Q40 millones para renovar su sistema biométrico en un contexto especialmente sensible previo a las elecciones de 2027. Este sistema resguarda datos críticos como huellas dactilares e información facial de más de 13 millones de guatemaltecos, fundamentales para la identificación ciudadana y el registro electoral.
La controversia surge porque el contrato fue otorgado a New Generation Network, una firma sin experiencia comprobada en proyectos de gran escala. Además, el cambio deberá implementarse en apenas 90 días, lo que genera dudas sobre su seguridad y funcionamiento.
Las críticas se intensifican debido al contexto nacional: entre 2024 y 2025 los ciberataques en Guatemala aumentaron más de 200%, lo que ha elevado la preocupación sobre la protección de datos estatales. A esto se suma el reciente hackeo a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), que expuso vulnerabilidades en sistemas gubernamentales.
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