El Gobierno de Guatemala evade asumir directamente la responsabilidad ante la crisis por el alza en los precios de los combustibles y traslada la decisión al Congreso de la República. La posibilidad de una rebaja de impuestos o la implementación de subsidios queda sujeta a acuerdos entre las distintas bancadas legislativas, con el argumento de “aliviar la economía de los guatemaltecos”.
Sin embargo, la situación genera incertidumbre, ya que el pleno no retomará las discusiones hasta después de Semana Santa. Los oficialistas proponen subir el presupuesto a cambio de subsidiar los combustibles, algo que haría más daño a la nación.
