El gobierno de Miguel Díaz-Canel autorizó mediante decreto-ley la creación de sociedades mixtas, permitiendo por primera vez desde la Revolución Cubana la participación conjunta de capital estatal y privado. Las nuevas empresas podrán operar en casi todos los sectores legales, fijar precios, definir su oferta y establecer salarios y plantillas sin límites estrictos, quedando excluidos exclusivamente los sectores de salud, educación y defensa nacional.
Esta reforma económica responde a la grave crisis que atraviesa la isla, agravada por sanciones estadounidenses y la interrupción del suministro petrolero venezolano. El ejecutivo busca así dinamizar la economía, atraer inversión extranjera y mejorar el abastecimiento ante el desabastecimiento energético. La medida mantiene, no obstante, el control estatal sobre la fiscalización y garantías jurídicas, permitiendo al sector privado mayor flexibilidad laboral y competitividad sin renunciar a la supervisión gubernamental.
