China advirtió a Panamá que podría pagar un “alto precio” político y económico tras la anulación judicial de los contratos que permitían a la empresa hongkonesa CK Hutchison operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao calificó el fallo de la Corte Suprema panameña como “absurdo” y aseguró que defenderá los intereses de las empresas chinas, acusando presiones externas y una supuesta sumisión a potencias hegemónicas.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó las declaraciones de China y defendió la independencia del Poder Judicial, afirmando que Panamá es un Estado de Derecho y que la Cancillería evaluará las acciones correspondientes. La decisión judicial, basada en violaciones constitucionales y el interés público, afecta una posible venta de los puertos por US$23.000 millones a un consorcio liderado por BlackRock y MSC, y se interpreta como un episodio más de la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de rutas comerciales estratégicas.
