El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, como respuesta a amotinamientos simultáneos registrados en tres centros penitenciarios —Fraijanes 2, el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y Renovación 1— y a una serie de atentados criminales que dejaron ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos. La medida busca fortalecer la seguridad y el control del Estado frente a acciones del crimen organizado.
El Gobierno aclaró que el estado de sitio restringe únicamente la plena vigencia de los derechos contenidos en los artículos 5, 6, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución. Estos se refieren a la libertad de acción, la detención legal, el derecho de reunión y manifestación, y la portación de armas, los cuales quedarán sujetos a regulación especial mientras dure la medida.
Históricamente, Guatemala ha vivido estados de sitio prolongados, como el que se extendió hasta 1966 y marcó uno de los períodos más represivos del Conflicto Armado Interno, aunque el actual contexto es distinto. El Ejecutivo notificará la decisión al Congreso, que tiene tres días para aprobarla, modificarla o rechazarla. Según expertos, la población podrá mantener una vida cotidiana normal, sin restricciones severas a sus actividades diarias.
