Hablar de pandillas en Guatemala implica revisar más de cuatro décadas de evolución criminal. Surgidas entre 1985 y 1996, estas estructuras ampliaron progresivamente sus actividades delictivas hasta incluir asesinatos, extorsiones, control carcelario, tráfico de armas y drogas, y más recientemente, incursiones en la política y alianzas con otros grupos criminales.
El reciente repunte de violencia —incluida la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 en Fraijanes II— reavivó el debate nacional y llevó a Estados Unidos a catalogarlas como organizaciones terroristas.
Autoridades destacan avances en inteligencia policial, mapeo de territorios y captura de líderes, así como la importancia de la denuncia ciudadana. Sin embargo, expertos señalan fallas persistentes: la impunidad, la falta de una estrategia integral del Estado, la ausencia de prevención del delito y la debilidad del Sistema Penitenciario, que continúa bajo la influencia de estas estructuras. También advierten sobre la capacidad financiera de las pandillas, alimentada principalmente por la extorsión, que genera entre 40 y 57 millones de dólares anuales, según la GFI, (Global Financial Integrity).
En este contexto, la nueva Ley Antipandillas, que clasifica a las maras como grupos terroristas y endurece las penas, es vista por la PNC como una herramienta clave. No obstante, analistas advierten que el reto para las autoridades será avanzar de forma efectiva en los próximos meses, en medio de un clima político delicado y con el riesgo de que las pandillas incrementen su influencia en el proceso electoral.
