El Congreso de Guatemala aprobó en el Presupuesto 2026 la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mediante la compra de US$40 millones en acciones. Para financiarla, se instruye al Banco de Guatemala (Banguat) a usar las Reservas Monetarias Internacionales, pese a que la Constitución prohíbe explícitamente que el Banguat financie al Gobierno, prohibición incorporada en 1993 para evitar abusos, emisión inorgánica y la erosión de la estabilidad macroeconómica. Esta disposición podría ser abiertamente inconstitucional y enfrentar acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad.
El CAF, fundado en Venezuela y con sede en Caracas, opera en un entorno político marcado por autoritarismo, opacidad institucional y controles estatales severos. Aunque se presenta como un banco multilateral, su actividad ha sido cuestionada por la falta de transparencia en numerosos préstamos otorgados al gobierno venezolano, cuyos destinos nunca han sido esclarecidos públicamente ni auditados de manera independiente.
En este contexto, la decisión del Congreso —tomada sin debate público, sin análisis técnico visible y utilizando reservas internacionales destinadas a proteger la estabilidad financiera del país— genera serias dudas: ¿por qué se fuerza al banco central a violar su mandato constitucional? ¿por qué invertir?
