La Iniciativa de Ley 5808, o Ley de Mediación, busca regular la mediación como mecanismo alternativo para resolver conflictos y descongestionar el sistema judicial guatemalteco. La propuesta genera opiniones divididas: algunos abogados prefieren ajustar la legislación vigente, mientras otros promueven centralizar estos procesos en el Organismo Judicial.
Desde 2001 funciona formalmente la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), creada inicialmente en 1998, con la misión de resolver conflictos antes de que lleguen a los tribunales, ofreciendo servicios gratuitos a la población. A pesar de su existencia, muchos ciudadanos desconocen este servicio, mientras que algunos abogados se benefician de alargar procesos judiciales.
Actualmente, la mediación se realiza también en centros privados, municipalidades e instituciones públicas. Es un proceso voluntario, flexible y confidencial, donde el mediador facilita acuerdos consensuados sin imponer soluciones. La ley propone crear un marco legal uniforme, un registro nacional de mediadores, ampliar las materias susceptibles de mediación y homologar acuerdos con fuerza ejecutiva, beneficiando a empresas y ciudadanos al reducir costos y tiempos.
Expertos advierten riesgos: centralizar la mediación podría generar burocracia, costos y pérdida de confidencialidad, afectando la eficiencia. Como alternativa, se sugiere reformar la Ley de Arbitraje, dar fuerza legal a los acuerdos existentes y adherir a la Convención de Singapur sobre Mediación Internacional, fortaleciendo la mediación y atrayendo inversiones sin comprometer su carácter voluntario e independiente.
