La reforma propuesta por Morena en México y la iniciativa de ley 6347 de ciberseguridad en Guatemala muestran un patrón preocupante respecto a la libertad de expresión y la regulación de contenidos en línea.
En México, la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público obligaría a los ministros de culto y asociaciones religiosas que operen plataformas digitales a registrarse e informar a la Secretaría de Gobernación, permitiendo al gobierno aprobar o censurar previamente sus mensajes bajo el argumento de combatir el “discurso de odio” y garantizar la “neutralidad digital”. Críticos señalan que esta medida podría silenciar voces religiosas y limitar la separación Iglesia-Estado.
De manera similar, la ley 6347 de ciberseguridad en Guatemala busca combatir delitos cibernéticos, pero expertos advierten que sus ambigüedades podrían ser utilizadas para criminalizar críticas a funcionarios o figuras políticas, actuando como una especie de “ley mordaza” que restringe derechos constitucionales a la libre expresión.
Ambas iniciativas, aunque con objetivos distintos —una religiosa y otra de ciberseguridad—, muestran cómo el control gubernamental sobre la comunicación digital puede disfrazarse de protección legal mientras limita la libre expresión. En el caso de México, este control afecta de manera particular a las iglesias y líderes religiosos, reflejando un riesgo concreto de censura disfrazada bajo fines legítimos como la neutralidad digital o la seguridad cibernética.
