María Fernanda Bonilla, acusada por la muerte de Melissa Palacios, denunció este lunes graves actos de corrupción y extorsión dentro del Sistema Penitenciario (SP). Según sus declaraciones, funcionarios le exigieron Q600 mil para gestionar su traslado desde el Centro de Detención Preventivo Los Jocotes, en Zacapa, hacia la cárcel Mariscal Zavala, en la capital.
Bonilla afirmó que las mismas estructuras corruptas continúan operando pese a las promesas del Gobierno de la Nueva Primavera de combatir la corrupción. Señaló directamente al exdirector del SP, Ludin Astolfo Godínez, y al exsubdirector operativo, Ronald Kenny Guzmán, como parte de una red de sobornos dentro del sistema.
La denunciante aseguró estar dispuesta a colaborar con el Ministerio Público (MP) como testigo protegido y pidió al Ministerio de Gobernación (Mingob) investigar al menos diez funcionarios.
Estas declaraciones se producen en medio de una profunda crisis penitenciaria marcada por la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad en la cárcel de Fraijanes II, hecho que evidenció la debilidad institucional y la complicidad interna. Mientras el gobierno proyecta invertir más de Q1,000 millones en una nueva cárcel de máxima seguridad, persisten dudas sobre la capacidad del sistema para erradicar la corrupción y garantizar el control en las prisiones.
Mario Luis Pacay, actual director general del SP.
Ronald Kenny Gabriel Guzmán, exsubdirector operativo del SP, a quien acusa de “poner y quitar directores de los centros carcelarios” y de cobrar entre Q100 mil y Q300 mil por cargos de dirección.
Nelson Onel Lemus Ramos, señalado de operar junto a Guzmán en el manejo de las presuntas cuotas.
Erick Barrera Godoy, conocido según ella como “Casco Azul”, a quien calificó como “un títere dentro del sistema penitenciario”.
Rubin Polanco Méndez, exdirector en el centro de Los Jocotes, en Zacapa.
Wilmer José López, alias “Colocho”, ex del departamento operativo.
Marlon Anderson Hernández, también ex de operativo.
Julio Roberto Mendoza, jefe de la unidad de Análisis.
Oseas Cámbara Cepeda, a quien incluyó entre los funcionarios que deberían ser investigados.
