A menos de dos meses de finalizar el año, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) acumulan más de Q8 mil 500 millones sin ejecutar del presupuesto de inversión asignado para 2025. Aunque aún podrían acelerar la ejecución, la mayor parte de estos recursos se trasladará para usarse en 2026, cuando la atención política se centrará en las elecciones de 2027.
Esto será posible gracias al Decreto 7-2025, “Ley de fortalecimiento financiero y continuidad de los proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”, que permite a los Codedes mantener los saldos no utilizados y gastarlos en los dos años siguientes. La norma, aprobada por el Congreso y avalada por la Corte de Constitucionalidad pese al veto presidencial, autoriza conservar los fondos, aunque no existan convenios firmados o detalles de obra.
Según registros oficiales, los Codedes solo han ejecutado el 31 % de su presupuesto —Q3,677 millones de un total de Q12,246 millones—, dejando un saldo de Q8,569 millones. Izabal y Chiquimula presentan los peores niveles de ejecución, con menos del 20 %, mientras que ningún departamento supera el 40 %. Municipios como Unión Cantinil apenas alcanzan el 0.85 %.
De los 7,603 proyectos previstos, la mayoría corresponde a carreteras (Q2,843 millones), seguidas por obras de agua entubada, educación y plantas de tratamiento. Los proyectos de manejo de desechos y agricultura reciben menos del 1 % de los fondos.
Diversos centros de investigación, como el Icefi y el CIEN, han criticado la ley por debilitar controles y permitir la ejecución sin dictámenes técnicos, lo que consideran un riesgo de corrupción y un retroceso en la transparencia del gasto público.
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