Bernardo Arévalo, volvió a encender la controversia al presentar una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial contra el juez Fredy Raúl Orellana Letona, quien declaró la nulidad del comité pro formación del partido Movimiento Semilla durante las elecciones de 2023.
Con esta acción, el mandatario pone en tela de juicio la separación de poderes que establece la Constitución, que divide claramente las funciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al denunciar a un juez por sus resoluciones, Arévalo interfiere directamente en el poder judicial, lo que debilita los principios democráticos y el equilibrio institucional.
La resolución de Orellana, que afectó a 23 diputados electos, un alcalde y al propio presidente, ya fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.
Sin embargo, la denuncia del presidente evidencia un patrón preocupante: la intención de influir sobre las decisiones judiciales para proteger intereses políticos, poniendo en riesgo la independencia del sistema de justicia.
