El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Antipandillas, que declara terroristas a las maras y endurece las penas por delitos relacionados con estas estructuras criminales. La norma fue ratificada con 145 votos a favor y quedó establecida como el Decreto 11-2025.
Establece que todos los procesos penales contra pandilleros serán conocidos por juzgados de alto impacto, con el fin de garantizar la seguridad de jueces y fiscales debido a la peligrosidad de estos grupos.
La ley incluye un fondo de revisión, para evitar abusos, como posibles afectaciones a personas inocentes vinculadas a la economía informal. También se autorizó al Ministerio de Gobernación usar hasta Q200 millones para compra de equipo con países aliados, no solo con EE. UU., como se planteó inicialmente.
El impulso para su aprobación se aceleró tras la fuga de 20 pandilleros de la prisión Fraijanes 2 y la clasificación de las pandillas como terroristas por parte de EE. UU. La crisis provocó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
