La fuga de 20 reclusos, todos miembros de la pandilla Barrio 18, del centro penitenciario de máxima seguridad Fraijanes II, ha provocado una fuerte crisis institucional en Guatemala.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó la evasión como “inaceptable” e instó al gobierno a actuar con firmeza para recapturar a los pandilleros, considerados una amenaza para la seguridad tanto de Guatemala como del territorio estadounidense, ya que el 23 de septiembre, EE. UU. designó a los miembros de este grupo atroz como los terroristas que son; llama la atención que desde esa fecha empezaron las fugas de estos reclusorios.
El Ministerio Público condenó enérgicamente la fuga de integrantes de estructuras criminales, señalando que este tipo de hechos compromete gravemente la seguridad ciudadana y la justicia en el país.
La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó una denuncia penal contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el director del Sistema Penitenciario y otros funcionarios, por delitos como abuso de autoridad, cohecho y colaboración en la fuga.
El abogado Francisco Foppa afirmó públicamente que existió un presunto pacto entre los reos y el ministro Jiménez, lo que ha generado aún más controversia.
El diputado Elmer Palencia, también esta indignado que después de 2 meses los guatemaltecos se enteraron de esta ineficiencia del gobierno.
El sector empresarial, a través del CACIF, también se pronunció, exigiendo justicia y certeza de castigo, ante lo que considera una muestra más del colapso institucional.
El país permanece en alerta mientras continúan los operativos de búsqueda.
