El Gobierno ha propuesto un aumento del 12% al salario mínimo para el año 2026, actualmente en discusión dentro de las Comisiones Paritarias.
Estas deberán presentar su informe a la Comisión Nacional del Salario antes del 15 de septiembre, y la decisión final será tomada por el presidente de la República antes del 1 de enero del próximo año.
Aunque el objetivo oficial es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, economistas y empresarios advierten que esta medida generara consecuencias negativas. Al no estar basada en criterios de oferta y demanda, sino en decisiones políticas, el ajuste salarial podría distorsionar el mercado laboral.
Las pequeñas empresas serían las más afectadas, viéndose obligadas a trasladar los costos a los precios, lo que provocaría inflación, pérdida de competitividad y despidos masivos.
Esta disposición, aumentara la demanda en sistemas de automatización en servicios y fabricación de productos, esto frenaría la contratación y reforzar prácticas de clientelismo político, especialmente en un año preelectoral.
En este contexto, expertos cuestionan la efectividad del salario mínimo como herramienta para combatir la pobreza o la desigualdad, al advertir que, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, crea inflación o sea aumento de precios y despidos masivos.
