El Congreso de Guatemala reactivó la iniciativa 6438, que propone reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y busca aumentar los montos permitidos para compras directas en municipalidades hasta Q2 millones, y para adquisiciones de baja cuantía hasta Q90 mil.
Esta medida ha sido duramente cuestionada por expertos y sectores sociales, quienes advierten sobre un mayor riesgo de corrupción y discrecionalidad en el uso de fondos públicos.
Además, los diputados aprobaron de urgencia el Decreto 7-2025, que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) a solicitar ampliaciones presupuestarias en 2026 para usar saldos no ejecutados en el año actual. La norma fue respaldada por 105 congresistas
Algunos legisladores denunciaron que esta aprobación fue parte de un acuerdo político para asegurar votos a favor del Presupuesto 2026, aunque el oficialismo lo niega. Pese a las críticas por la baja ejecución de los Codede, se amplían sus facultades financieras. Organizaciones ciudadanas temen que estas medidas debiliten los controles sobre el gasto público y favorezcan prácticas clientelares en falta de transparencia y el desarrollo equitativo.
