Entre enero y julio de 2025, el lavado de dinero en Guatemala promedió Q62 millones diarios, totalizando Q13,101.6 millones en transacciones sospechosas, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Esto representa un aumento del 43.4% respecto a 2024 y equivale al 2% del PIB.
Este incremento se atribuye al uso de tecnologías como analítica de datos, machine learning y minería de datos, que han mejorado la detección de Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS). Hasta julio, se han presentado 178 denuncias. Las tipologías incluyen el uso de sociedades anónimas para ocultar fondos, comercio ficticio con Asia, estafas digitales y extorsiones.
En este contexto, la Iniciativa 6593 del gobierno de Bernardo Arévalo busca actualizar el marco legal contra el crimen financiero. Sin embargo, lo que promete más seguridad podría terminar costando derechos fundamentales. La propuesta exige que todas las sociedades anónimas entreguen al Registro Mercantil los datos personales de sus accionistas, los cuales podrán ser consultados por la SAT y el MP sin orden judicial. Además, obliga a abogados, notarios, contadores y auditores a reportar transacciones sospechosas de sus propios clientes.
Esto plantea serias preocupaciones sobre el respeto a la privacidad, el debido proceso y las garantías constitucionales.
