En países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Irán y la misma China principal fabricante mundial de drones, el acceso a estos equipos está prohibido o restringido únicamente a personas afines al régimen.
La razón es simple: evitar que la ciudadanía pueda vigilar, documentar o denunciar aquello que el poder no quiere mostrar.
Hoy, Guatemala parece dar pasos en esa dirección. Las nuevas disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil establecen que registrar un dron tendrá un costo inicial de Q2,000 entre inscripción y matrícula. Pero eso podría ser solo el principio: se está evaluando la exigencia de seguros obligatorios, autenticaciones notariales y documentación técnica adicional, incluso para equipos pequeños. Además, se prevé un Certificado de Piloto de Dron, cuyo valor no ha sido revelado y que podría elevar la inversión total por encima de los Q3,000. Todo esto sin que exista transparencia en el destino de los fondos.
La medida impacta de lleno a sectores que han demostrado un uso responsable de esta tecnología, como el agropecuario, donde los drones son clave para la agricultura de precisión, el monitoreo de cultivos, la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, el control de plagas y la recolección de información geoespacial. En vez de incentivar este avance, el Estado levanta barreras que desincentivan la formalidad y generan desconfianza.
Si esta tendencia se consolida, volar un dron en Guatemala podría convertirse en un privilegio de pocos, y la población quedará bajo nuevas restricciones tecnológicas, como ocurre en regímenes donde la vigilancia solo fluye en una dirección: de arriba hacia abajo
