Uno de los aspectos más controvertidos es la modificación al artículo 125 del Código de Comercio, que obliga a todas las sociedades anónimas a entregar información confidencial sobre sus accionistas. Esta incluye datos personales como nombre completo, dirección, correo electrónico, nacionalidad y número de identificación. Esta información quedaría en manos del Registro Mercantil y podría ser accedida por la SAT y el Ministerio Público sin necesidad de una orden judicial. Esto implica la creación de un sistema de vigilancia patrimonial sin control independiente, violando el principio constitucional de protección a la privacidad.
Iniciativa 6593: ¿Lucha contra el lavado o amenaza a los derechos ciudadanos? análisis de Melanie Mullers
