En lo que va del 2025, el Ministerio Público ha recibido 14,271 denuncias de extorsión a nivel nacional, una cifra que supera por 6,055 casos las registradas en el mismo periodo del 2024, cuando se reportaron 8,216 denuncias, según datos de Eddy Rodríguez, fiscal contra el delito de las extorsiones.
Este aumento del 73 % evidencia una crisis creciente que, lejos de controlarse, se agrava cada mes. Sin embargo, a pesar de la magnitud del problema, el Ministerio de Gobernación no ha logrado implementar medidas efectivas para detener este delito que mantiene a miles de ciudadanos bajo amenazas constantes.
A esto se suma el temor generalizado entre las víctimas, que muchas veces optan por no denunciar, debido al hostigamiento y amenazas de muerte por parte de los grupos extorsionadores, lo que indica que la cifra real de casos podría ser incluso mayor.
Además, hasta el 19 de julio, el INACIF registró 1,688 víctimas de ataques armados, de las cuales al menos 70 están directamente vinculadas a extorsiones, según reportó David Boteo, director de la PNC.
Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación guarda silencio y no presenta acciones concretas ni resultados visibles que demuestren un verdadero esfuerzo por combatir este flagelo. La población exige respuestas, pero las autoridades continúan sin ofrecer una estrategia clara frente a uno de los delitos más temidos y extendidos en el país.
