El Congreso de Guatemala contrató a 991 asesores en 2025, de los cuales 446 están asignados a funciones administrativas, según datos de Congreso eficiente. Estas contrataciones se hicieron bajo el renglón 022, previsto para servicios profesionales temporales, con un gasto mensual de Q7.48 millones.
Analistas consideran que muchas de estas funciones son permanentes y deberían ser cubiertas por personal fijo, lo que genera sospechas sobre la legalidad y advierten que estas contrataciones podrían ocultar plazas fantasmas
Aunque el Congreso niega tener asesores administrativos contratados bajo ese renglón y asegura contar con controles internos como marcaje biométrico, evita explicar el motivo de estas contrataciones. Los registros públicos, sin embargo, contradicen la versión oficial.
Ante estas inconsistencias, la Contraloría General de Cuentas inició una auditoría especial para verificar la legalidad de la nómina y el uso de fondos públicos. La situación revela indicios de un patrón de corrupción estructural que persiste dentro del Organismo Legislativo.
