Aumentar su propia capacidad de maniobra y quitar todo aquello que les molesta
Poner al zorro a cuidar el gallinero es un antiguo refrán metafórico que se encuentra en diferentes idiomas, culturas y contextos para representar un mismo tipo de circunstancia irónica. Es aquella situación en la que el encargado de vigilar tiene incentivo y tentación de aprovecharse de lo que se supone debe cuidar. Implica también la falta de buen juicio al asignar una tarea; al poner al zorro a cuidar a las gallinas, puede esperarse que el animal actuará en su propio interés —se las comerá— en lugar de cumplir con el deber de protegerlas.
Resulta inevitable cuestionar su imparcialidad y objetividad al establecer las normas.
Es el caso del dictamen favorable que firmó la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para dar paso a la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp); hacen la ley que los regula a ellos mismos como actores de organizaciones políticas y, de paso, se otorgan privilegios. Un reportaje de Douglas Cuevas (Prensa Libre) relata cómo la “reforma” propone aumentar de US$2 a US$3 lo que el Gobierno paga a los partidos por cada voto válido que obtengan en las urnas y de US$0.50 a US$2 por ciudadano empadronado, lo que pueden gastar en campañas electorales. La reforma le quita colmillos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), impidiendo que cancele partidos políticos por financiamiento ilícito. La Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas ya no figuran en la fiscalización de los partidos. Se eliminan los obstáculos al transfuguismo. Como señala Cuevas, los beneficios aumentados que recibirían los partidos se expresan en dólares; las sanciones que tendrían que pagar por infracciones se expresan en términos de salarios mínimos, en quetzales.
La ley propuesta debilita la fiscalización de los partidos políticos, reduce el período de los magistrados del TSE de seis a cinco años y reduce a la mitad la nómina de candidatos de los que se eligen. Las organizaciones y actores que hacen la ley que manda al Estado a darles más dinero son los mismos que lo recibirán. La reforma a la Lepp es una ley ad hoc, con dedicatoria, hecha por los partidos políticos, que da toda la apariencia de aumentar su propia capacidad de maniobra y quitar todo aquello que les molesta.
El tema de la Lepp representa un claro conflicto de interés en el Organismo Legislativo; conflicto que no está contemplado en los ideales de pesos y contrapesos en la arquitectura institucional constitucional. En teoría, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es un órgano independiente, pero en la práctica no hay tal independencia. Los magistrados del TSE son elegidos por el Congreso, que también hace las reglas que lo rigen y regulan. Presenta una paradoja fundamental: los legisladores que representan a los partidos políticos son los encargados de crear y reformar las leyes que regulan a los partidos y las elecciones. El Poder Legislativo crea o modifica las leyes que definen las reglas del juego democrático; organización y financiamiento de partidos, fiscalización de campañas, regulación de los órganos electorales, entre otros. Los partidos políticos influyen directamente sobre la entidad que, en teoría, debe fiscalizarlos y controlarlos; resulta inevitable cuestionar su imparcialidad y objetividad al establecer las normas.
Es un entuerto institucional difícil de resolver. Lo que se presenta como una reforma no es más que una serie de cambios puntuales a la ley calibrados a conveniencia de los partidos; la estructura y esquema de representatividad, el modus operandi, queda básicamente intacto. Reformar sería para alcanzar un sistema superior o mejor; esta ley no consigue ese propósito.
La opinión de este artículo es ajena a Noticiero El Vigilante
