El hallazgo el pasado 5 de marzo del “campo de la muerte” en un predio llamado Rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, propiedad supuestamente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha significado un duro cuestionamiento al aún reciente gobierno mexicano, que se erige como una nueva amenaza a su credibilidad y legitimidad, además de las que ya viene padeciendo: en primer término, la de un veleidoso Donald Trump, y en segundo, la dificilísima situación económica por la que atraviesa el país, con una recesión de larga duración que apenas va iniciando, según todos los datos disponibles.
El horror ya se conocía: diversas autoridades en México y EEUU habían venido advirtiendo durante buena parte del gobierno anterior de la existencia de “campos de entrenamiento del crimen organizado”. Adicionalmente, desde 2009 se ha documentado el hallazgo de 5.600 fosas clandestinas y campos de exterminio en todo el país, donde “La Gallera” en Tijuana (2012) ocupa un lugar destacado: un predio donde se localizaron dos fosas que se calculó contenían alrededor de 17,500 litros de al menos 300 cuerpos humanos disueltos en sosa cáustica, ultimados por el llamado Cartel de Tijuana. Pero Teuchitlán lo ha hecho dramáticamente de primera plana y ocho columnas.
Otro hito del horror fue en 2017, en el predio conocido como El Arbolillo, en Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz, donde se localizaron cientos de cráneos y cientos de kilos de restos humanos, pertenecientes en apariencia a jóvenes, de ambos sexos, entre los 14 y los 24 años de edad, con una antigüedad de unos dos años. Este descubrimiento fue similar al de Teuchitlán, es decir, por grupos de familiares, buscado a sus desaparecidos, frente a la inacción y la despreocupación oficiales.
El propio campo de Teuchitlán ya había sido detectado y asegurado por autoridades mexicanas en septiembre de 2024. Hoy sabemos que se aseguró pero que las autoridades locales no realizaron el trabajo de peritaje e investigación (a decir de la Fiscalía federal mexicana) y que la propia Fiscalía federal prefirió tampoco investigar, como era su obligación por mandato de ley, y que se mantuvo despreocupadamente al margen (sólo hasta hace unos días tomó posesión del predio y se hizo cargo de las investigaciones), aunque en su conferencia de prensa, un decrépito y agobiado fiscal federal tomó el camino de la no autoinculpación y mejor lavarse las manos y descargar todos los errores en las autoridades locales.
Es un tecnicismo entrar a la discusión que abrió la presidenta Claudia Shenbaum, sobre que es en realidad un “campo de entrenamiento” para sicarios reclutados por la fuerza por el crimen organizado, no un “campo de exterminio”, es decir, un espacio que el crimen organizado habría utilizado para asesinar y ocultar a decenas de víctimas; de éstos hay muchos otros documentados en el país, la mayoría descubiertos por los grupos de buscadores, no por el gobierno mexicano, a pesar de la enorme diferencia de recursos entre esos grupos y el gobierno.
En realidad, la distinción de Sheinbaum parece más bien un intento oportunista de limar las duras aristas del acontecimiento, no una útil precisión o una real distinción “académica” si se quiere, además de que eso no modifica la enormidad del acontecimiento ni la complicidad de autoridades de todo nivel y pobladores vecinos para que algo así funcionara sin ser importunado. Adicionalmente, la presidenta entró a la discusión tratando de orientar las investigaciones y asentar una narrativa, cuando nada de eso le corresponde, ya que la autoridad responsable, la Fiscalía General, es constitucionalmente autónoma.
Hasta ahora, sólo la presión del gobierno y los medios de EEUU ha funcionado para hacer consciente al gobierno de Sheinbaum de que es observado, juzgado y puede enfrentar alguna sanción (en forma de aranceles comerciales, al menos), porque realmente la opinión pública y la oposición mexicanas no le representan un incentivo para actuar o contener al crimen, pese a que un gobierno como el suyo que no garantiza la protección de la libertad de todos mediante la ley, pierde su razón de ser e incluso pierde su derecho a gobernar.
Pero eso no le preocupa realmente: en México los criminales y sus aliados gobiernan un territorio minado de fosas clandestinas, y ocupan todos los espacios de poder sustantivo, sin riesgo por ahora ni en un futuro cercano de ver castigado electoralmente por su mal proceder.
Presidente del Think tank México Libertario y del Partido Libertario Mx (en proceso). Es miembro del board de la Alianza Internacional de Partidos …
