A toda burocracia se le suma, nada se elimina
El futuro parece estar capturado por la dependencia de ruta; el próximo año se hará lo mismo que el año pasado, pero con más gasto. Esto es lo que refleja el proyecto de presupuesto 2025 que el Ejecutivo presentó al Congreso. Como señala un artículo de Hugo Maul, las actividades y organizaciones de gobierno carecen de mecanismos para evaluar su beneficio y obtención de resultados; tienden a sobrevivir y prosperar aun cuando carezcan de efectividad. Carecen de mecanismos ágiles de detección de error y corrección de rumbo, como lo tienen empresas privadas por la disciplina de pérdidas y ganancias. En teoría, los procesos políticos democráticos corrigen los desaciertos de gobierno; en la práctica esta función es débil, lenta e ineficaz.
Es conspicua la falta de énfasis en lo que se recorta o elimina.
Hay diferentes ángulos desde los cuales abordar el análisis del presupuesto de ingresos y gastos del gobierno para 2025. Con la atención prestada al detalle de aumentos aquí y allá y nuevos programas, es conspicua la falta de énfasis en lo que se recorta o elimina. Da a entender que todo el aparato gubernamental es puro músculo y no hay grasa por recortar. A toda burocracia se le suma, nada se elimina.
Sería novedoso y refrescante enterarse de que el Congreso y/o el Ejecutivo han tomado la decisión de eliminar determinados programas y dependencias en vista de que no brindan los resultados esperados, o es evidente que los beneficios que pretenden ofrecer no justifican su costo.
En una noticia desplegada el pasado lunes en la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), órgano de la presidencia, el comisionado nacional contra la Corrupción, Julio Flores, informó que más del 91% de las instituciones del Ejecutivo ya han establecido oficinas de asuntos de probidad. Lo que se puede esperar es que año con año estas oficinas crezcan con más personal y recursos, y ocasionalmente denuncien a uno que otro pez pequeño. La transparencia es deseable y necesaria, pero el desperdicio y ausencia de beneficio en la gestión pública es al menos tan costosa como la corrupción.
El presupuesto 2025 presentado al Congreso asciende a Q148.5 mil millones, un aumento de 27% sobre los Q116.9 mil millones presupuestados originalmente para 2024. Lo que preguntaría un buen jefe es: ¿los servicios y beneficios que brinda el gobierno van a mejorar 27% para la población que paga impuestos? La descripción del destino de los fondos es florida y aspiracional, repleta de las bondades que representa para el bienestar y desarrollo. ¿Se evaluarán los resultados en el futuro? Entre las prioridades de la inversión en 2025 se destaca “la contratación de más maestros” y “asegurar los niveles de lectura y escritura necesarios”. Lo que se desconoce es cuántos maestros serán cesados por su falta de efectividad en el aprendizaje y desarrollo personal de sus alumnos.
Es incomprensible que Guatemala carezca de superautopistas de seis carriles que conecten los puertos del Pacífico con los del Atlántico, y las fronteras con México con las de Honduras y El Salvador. Sería un país y economía diferente. Se podría hacer con empresas privadas. El ahorro de tiempo y desgaste junto con el aumento en productividad pagaría de sobra el peaje. Lo ideal es que empresas privadas arriesguen su propio capital y no el erario. Lo mismo puede decirse de los puertos. Con todos los atractivos y ventajas que podría tener Guatemala como destino de inversión, turismo y nervio logístico internacional, grandes saltos en la productividad no figuran en la visión de país de las élites políticas. Se promueve más de lo mismo, como si fuera a brindar resultados diferentes.
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