La reciente decisión del presidente Bernardo Arévalo de solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado fuertes reacciones en el ámbito político y jurídico guatemalteco. El objetivo es darle a la Reelección presidencial, un tinte de “derecho humano “y poder modificar la Constitución.
Este movimiento adquiere una dimensión crítica al considerar la prohibición expresa de reelección presidencial en la Constitución guatemalteca, el artículo ciento ochenta y seis.
Sin embargo, la maniobra cobra nuevo sentido tras la decisión del Ejecutivo de retirar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que implica que las normas internacionales podrían prevalecer sobre el derecho interno, incluso sobre la propia Constitución.
Esto sumado a que El diputado Samuel Pérez, del hasta ahora cancelado partido Movimiento Semilla, comunicó, que va a crear otro partido político con los ideales de Semilla. También se habla que por su lado la Vicepresidente Karin Herrera va a formar otro partido. Afirmando con estas acciones que están preparando todo el entramado político para que Bernardo Arévalo pueda perpetuarse por muchos periodos en el poder, como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel ortega de Nicaragua.
