El Congreso aprobó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, con la cual se promete la construcción de por lo menos 10 mil kilómetros de carreteras nuevas, así como la reparación, ampliación y mantenimiento de vías ya existentes que se encuentran en mal estado.
La normativa establece los mecanismos que el Gobierno tendría que utilizar en las distintas fases de los proyectos, incluida la obtención de los derechos de vía.
Esto implica que el Estado podría hacerse de propiedades privadas, cuando, por ejemplo, una casa o terreno, interfirieran con los proyectos. En ese sentido, se establecen los siguientes procesos:
Derecho especial de vía
La Ley indica que el Estado tiene la potestad de adquirir propiedades o una fracción de cualquier bien inmueble, cuando sea necesario para la construcción de una nueva carretera o segmento de la misma, por medio de un derecho especial de vía.
La entidad que tendría que hacer las gestiones sería la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP), ya fuera por iniciativa propia o a solicitud del contratista a cargo de la obra.
Negociación directa
Otro de los mecanismos establecidos en la ley para obtener el derecho de vía para proyectos prioritarios es la negociación directa con los dueños de tierras o viviendas, por lo que pudieran atravesar las nuevas carreteras o sus ampliaciones.
Expropiación
La última instancia que se plantea en la ley es la expropiación, es decir, que el Estado declare como propio un inmueble privado, por considerarlo de utilidad colectiva, beneficio social o interés público.
Según lo aprobado por el Congreso, para llegar a ese punto, la DIPP tendría que comprobar que primero se trató de negociar con el o los propietarios.
Podría llegar a los juzgados La Ley también contempla la forma en que se tendría que actuar si hubiera desacuerdos con los dueños de casas, terrenos o negocios por la utilidad de esos bienes en la construcción de las carreteras.
