Alfred Kaltschmitt
No aplicación del poder coercitivo de la ley y la consecuente falta de certeza de castigo igual a desobediencia civil
Las imágenes que circulaban ayer en la mañana eran reveladoras: mujeres armadas con palos golpeando microbuses que intentaban traspasar los bloqueos. El video se viralizó rápidamente, seguido por fotografías de kilómetros de vehículos detenidos por pequeños grupúsculos organizados —ayer fue Codeca— en siete puntos estratégicos. El mensaje quedó claro: “Exigimos nuestros derechos”, mientras pisoteamos los tuyos.
En el silencio opresivo de los vehículos varados se escuchaban murmullos de indignación y desesperación: “Nuevamente estos carajos jodiendo con sus bloqueos”. Los diálogos se multiplicaban: “Llegaremos tarde… Perderemos la cita médica… No podremos vender hoy, mejor da la vuelta… La carga no llegará a tiempo… ¿Qué hago? ¡Ya me orino!… Las verduras se nos perderán”. Cada conversación destilaba un profundo sentimiento de desesperanza, desaliento e ira. Una ira que crece exponencialmente entre la ciudadanía afectada, como una peligrosa plaga de rencor con claros indicios de violencia ante estos frecuentes bloqueos que no solo inmovilizan, sino que afectan seriamente los ingresos y actividades cotidianas de la población.
Es la misma violencia que caracterizó los prolongados bloqueos de los 48 Cantones en occidente durante 2023. Independientemente de las justificaciones ofrecidas —financiados por gobiernos “amigos” y por Soros y asociados—, se cometieron actos criminales que trascendieron la mera obstrucción de la libre locomoción. La escasez aguda de alimentos, detenciones ilegales, confiscaciones, amenazas y, en general, un estado de sitio totalmente arbitrario evidenciaron la toma por la fuerza de las arterias estratégicas del occidente guatemalteco.
Quedó un hedor a empoderamiento peligroso, a sedición, y un respaldo gubernamental abierto a los líderes, incluyendo la premiación de nombrar a uno de ellos viceministro de Desarrollo y a otro, conocido por promover invasiones de fincas, como titular ante Fontierra, más la promesa de impunidad para estos delitos.
Ahora Codeca —el movimiento contestatario mejor organizado y financiado de Guatemala— demuestra su comprobada capacidad económica proveniente del robo sistemático de energía eléctrica en occidente, estimado en más de Q120 millones anuales. Este hurto ha sido lamentablemente aceptado con resignación por Energuate, síntoma de ese cáncer sistémico que padece Guatemala: la ausencia del Estado de derecho y el imperio de la ley. Una disfuncionalidad sistémica que tiene cuasi colapsado al Estado. La no aplicación del poder coercitivo de la ley y la consecuente falta de certeza de castigo motivando la desobediencia civil. Así, casi mensualmente, pequeños grupúsculos financiados a Q200 por día, logran bloquear y paralizar a millones de personas sin consecuencias, mientras exfuncionarios multimillonarios obtienen libertad, condonación de deudas y devolución de propiedades. El mensaje de que “el crimen paga” se refuerza como un grito a los cuatro vientos.
Guatemala atraviesa un momento crítico. A pesar de que los indicadores macroeconómicos señalan el enorme potencial en términos de oportunidades, las percepciones entre los motores productivos son cada vez más pesimistas. Ven a un gobierno con un presupuesto de Q148 mil millones que no se traduce en mejoras tangibles en educación, salud, infraestructura o facilitación de la productividad, sino en una corrupción e ineficiencia que nos dirige hacia el precipicio. Sí, igualito que el anterior gobierno, pero más caro y peor.
Y ahora, más bloqueos. Nadie los apoya. Y esa ira colectiva es peligrosa porque no tardará en manifestarse: Ciudadanos sacando a patadas a quienes a patadas impiden la libre locomoción y el derecho al trabajo.
Ojo: Leña, gasolina y un fósforo. La combinación perfecta para un estallido social inminente.
