Guatemala, que alguna vez se destacó por exportar electricidad a Centroamérica, disminuyó significativamente su participación en el mercado regional. En el 2017, el país exportó 1,713 Gigavatios hora , pero en el 2024 la cifra cayó a 840 GWh, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
Ante este panorama, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica definió los términos de referencia para la licitación PEG5, en la que las distribuidoras EEGSA y Energuate adjudicarán contratos de largo plazo para generar 1,400 megavatios. Sin embargo, las condiciones establecidas favorecen exclusivamente a nuevas plantas generadoras, dejando en desventaja a las ya existentes.
La licitación estipula que solo las plantas que entren en operación comercial después del 1 de enero de 2024 podrán acceder a contratos de hasta 15 años. Esto excluye a las plantas existentes, instaladas en Guatemala, impidiéndoles acceder a condiciones más favorables y generando incertidumbre en el sector.
A esto se suma la preocupación por la seguridad energética del país. Aunque en 2020 se autorizó la comercialización de 30 millones de pies cúbicos de gas natural extraído en Petén, su explotación para la generación eléctrica aún no se ha materializado.
En este contexto, la licitación PEG5 plantea un dilema: mientras el país busca garantizar el abastecimiento energético, las reglas del juego parecen favorecer únicamente a nuevas inversiones, dejando a las plantas ya establecidas en una posición incierta y con menos incentivos para continuar operando.
