En el Congreso se promueve una iniciativa que, además de reafirmar la prohibición del aborto, llevaría a la cárcel a cualquier persona que promoviera esa práctica en el país.
Encabezados por el segundo vicepresidente del Legislativo, César Amézquita, miembros de diferentes bancadas firmaron la propuesta, en la cual se indica que “quien promueva o facilite medidas para la realización del aborto, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años” y multa de Q100 mil a Q200 mil.
La misma establece una serie de disposiciones para proteger, “los valores tradicionales y la estructura de la familia”. Estos son los puntos que proponen.
-Prohibición del matrimonio igualitario: La propuesta reafirma que el matrimonio y las uniones de hecho solo pueden existir entre un hombre y una mujer, como lo establece el Código Civil guatemalteco.
-Restricciones en la educación: Se prohíbe el uso de libros de texto en centros educativos públicos y privados que incluyan temas sobre identidad de género, al considerarlos “contrarios a la moral y las buenas costumbres”.
-Endurecimiento de sanciones contra el aborto: La iniciativa extiende la criminalización del aborto a personas cercanas a la madre que puedan influir en la decisión de interrumpir el embarazo, manteniendo las sanciones establecidas en el Código Penal.
-Obligación estatal de promover valores: Se insta al Estado a implementar programas sobre el “valor de la vida” y los derechos de las personas desde la concepción hasta la muerte natural.
