Una ley obsoleta, inoperante y peligrosa. Hay que cambiarla
Hace unas semanas escribí que “las Comisiones de Postulación, por la coyuntura que vivimos y los agujeros negros sistémicos que contienen en su interior —que se tragan medio universo del veneno clientelar y politiquero de nuestro país—, nunca podrán cumplir con el propósito para el cual fueron creadas”. Hoy, martes 24 de septiembre, los resultados están a la vista.
El problema es añejo y repetitivo: la ley que regula las Comisiones de Postulación no previó la posibilidad de recibir miles de expedientes dentro de los plazos que ella misma impone. Cumplir con esos tiempos es una misión imposible a menos que se recurra a consensos apresurados y listas preacordadas, como ha sucedido en esta ocasión, con los consabidos efectos de evaluaciones superficiales que carecen de rigor cualitativo. Los comisionados han tenido que trabajar jornadas de hasta doce horas en un ambiente hostil y tenso. ¿ Es ese el ambiente propicio?
Es casi cómico que muchos críticos sigan esperando que las comisiones de postulación cumplan con el espíritu y los objetivos para los cuales fueron creadas. Pocos parecen darse cuenta de que la ley contiene limitaciones tan graves que hacen imposible su éxito. Seguir operando bajo este esquema es absurdo e ilógico.
Muchos de nosotros hemos señalado, una y otra vez, lo lamentable que es que no se haya realizado un informe detallado de las fallas congénitas de la ley desde el cierre de las últimas Comisiones de Postulación. La inoperancia del sistema es evidente como lo comprueba los resultados, que quizás aun no son concluyentes por los posibles amparos que puedan darse. Esta falta de acción garantiza seguir atrapados en un ciclo de desgaste y frustración.
¿Por qué no se han hecho cambios? Los gritos, señalamientos y presiones de los grupos de poder —que empujan sus agendas e intereses particulares— son constantes. Estos, llamémosles, activistas o actores, que ejercen su influencia sobre el proceso, se niegan a aceptar la necesidad de una reforma profunda. Quizás porque el statu quo les conviene, o tal vez porque no están dispuestos a enfrentar los cambios estructurales que el sistema de justicia verdaderamente necesita.
El gran reto de quienes abogan por cambiar el sistema de justicia en nuestro país es iniciar el análisis de los problemas estructurales de la Ley de Comisiones de Postulación.
Existen, por lo menos, tres soluciones de fondo. Primero, integrar “la carrera judicial”, un mecanismo meritocrático que premie la experiencia, la formación y el desempeño de los jueces y magistrados. ¿Qué mejor calificación que el desempeño a lo largo de toda la carrera de un magistrado o juez? Estudios, logros e idoneidad son mejores indicadores que evaluaciones externas superficiales cargadas de criterios espurios.
Esta medida tendría efectos positivos. Al no tener que evaluar miles de expedientes, solo habría una comisión encargada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual permitiría tener más tiempo para elegir a los postulantes de manera adecuada.
En segundo lugar, es imperativo ampliar el mandato de los magistrados de la CSJ a ocho años. Con un horizonte de solo 48 meses, pocos juristas están dispuestos a abandonar sus carreras privadas. Extender el mandato a ocho años permitiría atraer a profesionales experimentados que verían este desafío como la culminación de su carrera.
Finalmente, se debe considerar que la elección de la Corte Suprema sea por mitades, para evitar que quede acéfala y sin continuidad. Esto facilitaría una transición fluida, manteniendo la experiencia y el flujo de trabajo dentro de la Corte. Cuanto tiempo requiriera la “adaptación” de los nuevos magistrados?
Ya no hay que perder tiempo. El gran reto de quienes abogan por cambiar el sistema de justicia en nuestro país es iniciar el análisis de los problemas estructurales de la Ley de Comisiones de Postulación.
Sin comentarios del pequeño detalle de entregar las listas finales al Congreso…Como si esto no fuera otra pieza clave del rompecabezas absurdo que enfrentamos.
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