Dada la carencia de expertos a nivel nacional en el tema de competencia, entidades académicas pioneras tendrán que empezar a ofrecer programas de alto nivel en la materia.
Tras terminar el 2024, se tendría que decir que la aprobación de la ley de competencia (LDC) en Guatemala fue el acontecimiento del año. Fue un éxito del partido del gobierno en el poder. Tanto el Congreso como el presidente celebraron la aprobación de la LDC diciendo que fortalecería la competitividad de la economía guatemalteca.
No se puede negar que el partido Semilla logró su mayor cometido. No obstante las celebraciones, dicho acontecimiento crea retos y desafíos sustanciales.
La LDC crea una autoridad de competencia (ADC), una Superintendencia que será encargada de la defensa y promoción de la libre competencia, prevención, investigación y sanción de las prácticas que ella misma designa como anticompetitivas.
El problema es que Guatemala carece de expertos en temas de competencia. Por esta razón, será difícil que el directorio de la primera ADC cumpla con los requisitos dictados por la LDC. Muchos de los requisitos son abiertamente anticompetitivos. Por ejemplo, se requiere ser guatemalteco, colegiado activo, no haber sido director en gremios o cámaras del sector privado, ni de sindicatos, por tres años previos a su ocupación del cargo.
Además, los aspirantes al directorio de la ADC deberán someterse a un examen de oposición, formulado por una institución de educación superior de reconocido prestigio internacional en materia de competencia.
El problema es obvio. Las universidades de Guatemala no tienen prestigio internacional, mucho menos en materia de competencia. De interpretarse la LDC de manera literal, ninguna universidad del país podría formar directores o cuadros para poblar la ADC, ni formular el examen de oposición para los integrantes del directorio. Tampoco una persona formada afuera del país en universidades de “prestigio internacional” en materia de competencia podría calificar para el directorio de la ADC.
Es un problema serio, pero superable, dependiendo como se decide interpretar la LDC. Sin embargo, es importante recordar que la formación institucional temprana es fundamental para el desarrollo de la calidad institucional. La formación institucional temprana afecta la trayectoria dependiente, o sea cómo evolucionan las instituciones y el marco en el que se tomarán las decisiones institucionales a futuro.
Guatemala necesita que sus entidades educativas creen programas académicos sobre competencia. Las carreras más relevantes serían las de economía y derecho. Estas carreras tendrán que capacitar a abogados sobre economía, especialmente microeconomía avanzada, y también capacitar a economistas sobre el derecho de competencia.
Dada la carencia de expertos a nivel nacional en el tema de competencia, entidades académicas pioneras tendrán que empezar a ofrecer programas de alto nivel en la materia.
Existe un gran reto en cuanto a la formación de expertos de las carreras de derecho y economía sobre temas de competencia. Por su formación actual y previa, será más fácil capacitar a economistas en asuntos de derecho de competencia que a abogados en la economía de competencia.
Los economistas saben leer y, por ende, será relativamente fácil capacitarlos sobre temas del derecho de competencia. A cambio, capacitar a abogados en la economía de competencia va a requerir bastante fortalecimiento en temas de matemática y estadística avanzada, solo para que puedan leer y entender los textos básicos de economía relevantes para el tema de competencia.
Hay muchas universidades en Guatemala, pero relativamente pocas carreras que tratan temas de la economía de competencia. Ninguna carrera de las ciencias económicas tiene mayor ofrecimiento de cursos en materia que concierne a la competencia. La estructura de mercados, tema esencial de la competencia, típicamente se trata en un curso llamado “organización industrial”. Son pocas carreras de economía del país que ofrecen dicho curso o uno similar.
Peor todavía, solo los estudiantes de la carrera de economía suelen llevar este curso clave, a diferencia de otros estudiantes de “ciencias económicas”, como administradores de empresas o mercadólogos.
En las facultades de derecho, la deficiencia en materia de competencia está peor. El tema de competencia está prácticamente ausente en las carreras de derecho de Guatemala.
Las restricciones de la LDC para los integrantes de la ADC ignoran la realidad. Si algo fuera peor que personas con experiencia en el ámbito de competencia participaran en la ADC, sería su completa ausencia.
Los ajustes necesarios que tendrán que hacer las universidades del país tomarán su tiempo. Las universidades, por lo general, tienen procesos muy onerosos para la creación de nuevas carreras o cambios de pénsum.
Dada la carencia de expertos a nivel nacional en el tema de competencia, entidades académicas pioneras tendrán que empezar a ofrecer programas de alto nivel en la materia.
La opinión de este artículo es ajena a Noticiero El Vigilante
