Guatemala acaba de incrementar su salario mínimo (SM) un 10 %, usando argumentos que bien se podrían usar para justificar similares incrementos de manera anual.
Guatemala ya tenía de los más altos niveles de salario mínimo e informalidad económica de Latinoamérica, siendo uno de los países con menor desarrollo. En este contexto, incrementar los costos laborales formales de manera significativa año tras año sería dañino para la competitividad y el desarrollo nacional.
Un error que muchos cometen es confundir el SM oficial con el ingreso de las personas. El ingreso promedio en distintas regiones de Guatemala no llega al SM oficial, informa el INE.
Para entender mejor este tema, vale recurrir a los argumentos ordoliberales (OL) que inspiraron el modelo de Economía Social de Mercado (ESM), asociado con el Milagro Económico Alemán.
El OL es una escuela de pensamiento económico originaria de Alemania, influenciada por destacados liberales como Walter Eucken y Wilhelm Röpke. Propone un equilibrio entre la libertad de mercado y el Estado, y se distingue del liberalismo clásico por tratar abiertamente el rol del Estado, las leyes y las regulaciones en el mantenimiento de un orden económico competitivo. Es importante recalcar que, a pesar de ser críticos del liberalismo clásico, los ordoliberales se consideraban plenamente liberales.
El OL identifica una serie de órdenes que facilitan la composición de una sociedad libre con un sistema económico competitivo, entre ellos los órdenes político, económico, legal y social. Además, el OL, según Eucken, contiene principios constitutivos y regulatorios, entre los cuales figura importantemente la libre fijación de precios, sin intervención del Estado. Vale enfatizar que un salario es un precio.
Hans Jürgen Rösner, conocido experto en temas de la ESM, arguye que la política laboral cae dentro del ámbito de la política económica, no la de política social. Bajo este concepto, decisiones sobre el SM no deben basarse en consideraciones de justicia social, desde la perspectiva de la ESM.
Por su parte, Rösner identifica dos mecanismos comunes de compensación social en el ámbito laboral:
La suspensión de las normas de las leyes de competencia en los mercados laborales, que se hace para permitir la creación de sindicatos
El establecimiento por parte del Estado de las “reglas de juego” en mercados laborales.
En cuanto a las negociaciones entre empleadores y empleados, Dieter Benecke, otro referente de la ESM (QEPD) advertía que solo se podría mejorar la situación de los empleados dentro de las posibilidades de las empresas.
La preocupación ya no es el incremento del 10 % en el salario mínimo, sino el argumento que debería de incrementar el 10 % anualmente. Esa inquietud contribuye a la incertidumbre económica, lo cual ahuyenta la inversión y atenta contra la creación de empleo en Guatemala.
Crítico de la política de mercado laboral activa, Dominik H. Ernste, explica que desde la ESM:
“La mejor política de empleo consiste en crear condiciones generales competitivas, ya que los puestos de trabajo son creados por empresas y no por una política estatal de mercado laboral.”
Ernste identifica a dos ejes centrales de la política de mercado laboral, la priorización de la intermediación de buena fe por sobre prestaciones específicas y la eliminación de regulaciones y burocracias excesivas en el mercado laboral. Para Ernste, la tarea del Estado en el ámbito laboral es crear las condiciones generales que promuevan las inversiones para así incrementar el empleo.
Benecke enfrentó el desafío que representa para la política social la presencia del sector informal, especialmente en los países en desarrollo. Benecke afirmó que los instrumentos de política social de la ESM no eran aplicables al sector informal, por lo que el Estado tenía la tarea de “formalizar” al sector informal. De lo contrario, el sector informal quedaría fuera del alcance de la ESM, según Benecke.
Benecke también advirtió del impacto de la economía globalizada en el mercado laboral. Él dijo que, en una economía globalizada, los diseñadores de políticas públicas deberían de considerar cómo afectarían la competitividad nacional, considerando especialmente al mercado laboral. Benecke dijo:
“Muchas decisiones del gobierno son influenciadas por la competencia internacional. Esto se refiere especialmente al mercado de trabajo, en el cual se necesita más flexibilidad”.
Lamentablemente, esta es la lección que Guatemala parece haber ignorado con su subida del SM en 10 %, con señales de que se puede esperar lo mismo para el futuro cercano. El SM de Guatemala de 2025 se estima en $535 mensuales, tomando en cuenta que los empleadores formales pagan 14 salarios al año. Esto es 44 % más que el SM más alto de China y más que el doble del de Vietnam, India y Tailandia. En una economía globalizada, Guatemala compite contra estos países, no solo países cercanos.
Según cálculos hechos con datos del Banco Mundial, desde 2005 a 2023, China aumentó su participación porcentual en el valor agregado global de la industria y la manufactura aproximadamente 200 %, y su participación en las exportaciones de bienes en más de 100 %. Vietnam incrementó su participación en la manufactura por un 350 % y su participación en las exportaciones globales de bienes en más del 380 %. India aumentó su participación en las exportaciones de bienes en casi un 90 %.
A cambio, en el mismo periodo, Guatemala aumentó su participación en las exportaciones de bienes en un 6 %, a pesar de haber aumentado su participación en la industria y manufactura global en un 47 % y 37 %, respectivamente.
De cara al futuro, el gobierno de Guatemala se debería de enfocar en desarrollar una política laboral orientada a la creación de empleos, dentro de una estrategia de competitividad nacional. Esto se facilitaría teniendo claro cuáles son los respectivos ámbitos de las políticas económicas y sociales.
La preocupación ya no es el incremento del 10 % en el salario mínimo, sino el argumento que debería de incrementar el 10 % anualmente. Esa inquietud contribuye a la incertidumbre económica, lo cual ahuyenta la inversión y atenta contra la creación de empleo en Guatemala.
