La globalización ha experimentado cambios importantes derivados de factores geopolíticos, así como otras modificaciones estructurales ocasionadas por la pandemia.
Una primera implicación de esta tensión geopolítica entre Estados Unidos (y países afines) en contra del comercio con China ha sido la imposición de aranceles. Este año, la administración del presidente Biden impuso tarifas a cerca de 18,000 millones de dólares de importaciones provenientes de China, con especial énfasis en autos eléctricos, tecnología y acero, entre otras. Esto se suma a otros impuestos que ya se habían planteado desde la administración de Trump entre 2017-2020 (algunos que, inclusive, podrían continuar reflejándose de manera progresiva en 2025 y 2026), así como algunos programas que tienen como fin reducir la muy alta dependencia de Estados Unidos sobre artículos que provienen del país asiático, como el Chips & Science Act.
Por su parte, Europa también dio a conocer, recientemente, la implementación de tarifas adicionales entre 17.4% y 38.1% a diversos artículos provenientes de China. Esto se suma al impuesto comunitario del 10%. Canadá también ha mostrado interés por hacer lo mismo. El gobierno del primer ministro Trudeau ha comenzado el diseño de un esquema arancelario a los vehículos eléctricos de fabricación china, cuyo fin es alinear su estrategia con aquella ya implementada por Estados Unidos y Europa. México vive una situación similar, con 544 fracciones arancelarias este año, entre 5% y hasta 50% en productos de acero, aluminio, textiles, confección, plástico y manufacturas, entre otros.
Esto podría complicar la relación del país asiático con economías occidentales en un contexto donde China ha ampliado su red de aliados estratégicos.
