La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional y dejó en suspenso la obligación de incluir nombres y apellidos de accionistas de Sociedades Anónimas en el formulario del Registro Tributario Unificado (RTU). La decisión responde a varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos y entidades del sector privado, entre ellas el CACIF.
También se suspenden párrafos que otorgaban acceso ilimitado a registros electrónicos por parte de la SAT, así como la restricción para realizar gestiones tributarias en caso de no actualizar el RTU. Adicionalmente, quedó suspendido un fragmento del artículo 21, que regulaba la regularización de ingresos no declarados mediante una declaración jurada patrimonial con una tarifa del 5%.
