El Parlamento italiano aprobó este miércoles una controvertida ley impulsada por el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, que introduce varias medidas sobre seguridad, en medio de las protestas de la oposición.
La norma, se aprobó con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención.
La ley supondrá un endurecimiento de las sanciones en caso de motines en las cárceles, de ocupación de viviendas o de acciones de desobediencia civil, como cortar carreteras, e introducirá nuevos tipos del delito de terrorismo.
También crea el delito de ocupación arbitraria de inmueble y se prevé la posibilidad de que la policía judicial ordene la liberación inmediata del inmueble ocupado, incluso sin orden judicial, en el caso de ocupaciones ilegítimas. Además, se plantean penas de cárcel de hasta siete años.
Una de las medidas más controvertidas es que suprime la obligación de aplazar la pena para las mujeres embarazadas y con hijos.
Meloni aseguró tras la aprobación que “el refuerzo de las herramientas policiales es un paso decisivo para la protección de los ciudadanos” y agregó “la legalidad es el pilar de la libertad y seguiremos defendiéndola”.
La ley refuerza la protección penal de la policía y se incrementan las penas por lesiones, resistencia y violencia contra funcionarios públicos y se introduce una circunstancia agravante si el acto se comete contra un agente de la policía judicial o de seguridad pública.
También introduce la posibilidad de equipar a la policía con cámaras corporales para grabar la actividad operativa y se introduce una ayuda financiera para gastos legales de hasta 10.000 euros para los agentes involucrados en procedimientos penales relacionados con el servicio.
