El pulso político entre el Ejecutivo y el Ministerio Público (MP) en Guatemala refleja una situación de alta tensión que pone en juego principios constitucionales esenciales. De acuerdo con la Constitución, el ejercicio de la acción penal pública le corresponde exclusivamente al MP, que tiene la potestad de decidir sobre la forma, el momento y el alcance de la acción criminal, basándose en el criterio soberano de la Fiscal General. Esta autonomía es fundamental para garantizar la independencia judicial y evitar que el poder político influencie el sistema de justicia.
Este conflicto se intensificó recientemente con la propuesta de ley presentada el 19 de noviembre por diputados del Movimiento Semilla, que busca reformar la Ley Orgánica del MP (Decreto 40-94) y abrir la puerta a la destitución de la Fiscal General, Consuelo Porras. Esta iniciativa se inscribe en un contexto de desinformación y propaganda, donde muchos ciudadanos sostienen la falsa creencia de que el MP está bloqueando la capacidad del presidente Arévalo para gobernar. Sin embargo, la verdadera cuestión es la ejecución deficiente del presupuesto, con un promedio de apenas el 28.34% según el Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental (Sicoin), lo que genera interrogantes sobre el manejo de los fondos públicos.
En este escenario, la pregunta crucial es: ¿quién tiene la capacidad para fiscalizar el uso de estos recursos si no es el Ministerio Público? La respuesta es incierta, ya que la Procuraduría de los Derechos Humanos y otros organismos de control, como la Contraloría General de Cuentas, parecen ser ineficaces en la supervisión del gasto público. Ejemplos como la adquisición de flotas de vehículos blindados de lujo para el Presidente y la Vicepresidenta o el reciente aumento de sueldo a los diputados, subrayan la falta de transparencia y el uso discrecional de los recursos, lo que alimenta las sospechas de corrupción.
El problema se agrava cuando, en casos como el de la investigación de la “B 410”, se observa que la falta de acción oportuna del MP permite que los involucrados en actos ilícitos se amparen y eludieran la justicia. Esto refleja una estrategia sistemática de debilitamiento del poder judicial y de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
El contexto de esta disputa política también evoca la memoria del conflicto armado que duró 36 años en Guatemala y que, tras la firma de los acuerdos de paz, se esperaba que trajera consigo un cambio en la estructura de poder. Sin embargo, algunos de los actores que antes lucharon por un cambio ahora, desde el poder, parecen estar adoptando prácticas similares a las que criticaron, buscando medidas que favorecen sus intereses a costa del bien común. Esta contradicción es preocupante, ya que la historia podría estar repitiéndose en un ciclo que nos lleva de nuevo al pasado, en lugar de avanzar hacia un futuro más justo y transparente.
En resumen, las reformas propuestas y las medidas tomadas por el poder político, lejos de resolver los problemas estructurales del país, parecen encaminarnos hacia un retroceso en términos de transparencia, justicia y control sobre el manejo de los recursos públicos. La pregunta que queda es si estas “medidas” realmente resolverán los problemas o si, por el contrario, solo contribuirán a mantener el status quo y la impunidad, tal como sucedió en épocas pasadas que tanto se criticaron.
