En el papel, Guatemala es un país comprometido con el libre comercio. Desde su adhesión al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), se fomenta la apertura comercial, reducción de aranceles y modernización institucional. Sin embargo, la realidad que viven muchas empresas estadounidenses y guatemaltecas es muy diferente a esa narrativa. El reciente informe sobre barreras comerciales extranjeras elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) describe una situación preocupante: una Guatemala atrapada en un laberinto de corrupción, arbitrariedad y burocracia.
Uno de los temas más alarmantes es el uso discrecional de los sistemas de inspección en puertos, donde unidades como DIPAFRONT, SGAIA y UCC operan de manera paralela e independiente, con escasa coordinación entre sí y con amplias facultades discrecionales para decidir qué contenedores inspeccionar. El resultado: demoras de hasta 20 días; corrupción para evitar inspecciones secundarias, y una fragmentación institucional que hace que cada puerto funcione como un país aparte.
A esto se suma el problema crónico de la Superintendencia de Administración Tributaria, que continúa utilizando una base de datos imprecisa como referencia de precios para los bienes importados. Esto no solo genera subvaluaciones, sino que convierte el proceso de importación en un verdadero dolor de cabeza: algunas empresas reportan hasta cuatro años para obtener una resolución. Irónicamente, en el 2022 el gobierno se comprometió con EE. UU. a automatizar y transparentar el sistema. Hoy, dos años después, las promesas siguen sin concretarse.
En el ámbito de la inversión, Guatemala también pierde competitividad. La colección de leyes, regulaciones confusas y decisiones judiciales inconsistentes desalienta a inversionistas serios y, para rematar, la corrupción estructural en instituciones clave como el Ministerio de Gobernación y en los procesos de contratación pública limita el acceso de empresas estadounidenses a licitaciones del Estado. Aunque GUATECOMPRAS prometía eficiencia y transparencia, lo cierto es que muchas empresas extranjeras simplemente evitan participar por miedo a ser víctimas de corrupción.
La protección de la propiedad intelectual tampoco se escapa de este dilema. Guatemala permanece en la “Lista de Observación” del Reporte Especial 301 del USTR por la mala aplicación de las leyes de propiedad intelectual. La piratería de señal de televisión por cable y por Internet continúa sin mayores consecuencias, al igual que la venta de software y ropa falsificada.
Guatemala no enfrenta barreras arancelarias. En su lugar, levantó un muro de desconfianza, arbitrariedad y corrupción que impide el verdadero libre comercio. No basta con firmar tratados, se requiere voluntad política real para hacerlos cumplir.
Esto no solo socava la relación con socios comerciales como Estados Unidos, sino que perpetúa la economía informal y limita el desarrollo de industrias creativas y tecnológicas.
Por si fuera poco, el Ministerio de Agricultura decidió desde marzo del 2022 no recibir más solicitudes para autorizar cultivos genéticamente modificados, a pesar de haber armonizado previamente su regulación con el resto de Centroamérica. Esta falta de voluntad política contradice la narrativa de integración regional y de adopción de tecnología agrícola moderna.
Guatemala, entonces, no enfrenta barreras arancelarias. En su lugar, levantó un muro de desconfianza, arbitrariedad y corrupción que impide el verdadero libre comercio. No basta con firmar tratados, se requiere voluntad política real para hacerlos cumplir.
¿Estamos dispuestos como país a asumir ese reto?
La pregunta es importante. Porque, mientras los informes se acumulan en los escritorios de funcionarios del gobierno, las oportunidades se escapan por los puertos con la confianza de quienes quieren hacer negocios en serio.
Guatemala no debe abandonar los principios del libre comercio, pero sí debe tener una relación comercial justa. La imposición de aranceles a productos guatemaltecos, mientras EE. UU. mantiene amplio acceso a nuestro mercado, es una contradicción con los principios pactados en el CAFTA-DR. La solución no está en cerrar fronteras, sino en negociar inteligentemente, mejorar internamente y actuar en bloque con la región.
