Es preocupante que en el actual Congreso de la República se hayan desengavetado aproximadamente seiscientas iniciativas de ley presentadas por magistraturas anteriores. El desengavetado de iniciativas de ley podría ser negativo si se lleva a cabo con intenciones ocultas, por lo que es valioso que la ciudadanía esté atenta para evitar la promulgación de leyes negativas.
La transparencia y la participación ciudadana son pilares fundamentales en una democracia saludable. Ante las preocupaciones legítimas sobre las intenciones detrás del desengavetado de tantas iniciativas de ley, es importante que se divulguen para generar un debate informado y constructivo en la sociedad, con el objetivo de garantizar que las leyes promulgadas sean en beneficio de los guatemaltecos.
Semilla, está intentando ejercer influencia política para promover su agenda, formando alianzas, coaliciones y redes de apoyo con otros partidos políticos, con el fin de lograr la aprobación de leyes de corte progresista. Están generando presión para obtener apoyo a sus propuestas. Por lo que están dispuestos a cualquier cosa a cambio de lograr su propósito.
Varios medios de comunicación intentan influir para obtener una cobertura favorable a las propuestas de Semilla, difundiendo información, realizando entrevistas, publicando artículos de opinión y realizando programas de debate que les sean favorables.
Dentro de las estrategias empleadas se encuentran la alteración de iniciativas ya existentes mediante la inserción de capítulos o artículos de su interés, así como la inclusión de nuevas iniciativas que aborden temas globalistas con tópicos contrarios a los principios morales y familiares. Se mencionan ejemplos específicos, como la simulación de matrimonio entre personas del mismo sexo, la promoción del uso de vestimenta femenina en niños y la visualización de películas de contenido para adultos. Además, se contempla que ONG´s puedan recibir recursos del Estado y participar en la educación en sexualidad de los niños, lo cual evidencia una participación clara y descarada de la comunidad LGTBQI+. Estas acciones buscan inculcar principios relacionados con la identidad de género, la homosexualidad, el lesbianismo y la pedofilia.
En su afán por alcanzar su fin, no les importa incurrir en inconstitucionalidades e ilegalidades claras, a pesar de que la carta magna ordena que «es deber del Estado garantizar la protección de la familia, la libertad, la vida y la justicia» y que este se organiza para «dar total garantía a la institución denominada familia, sobre la base legal del matrimonio«. Además, se establece que «la protección de la familia y su integralidad dentro del marco de los valores familiares inculcados por los padres y su moralidad religiosa en la mayoría de los casos«. A esto se suma el hecho de que olvidan que en Guatemala existe la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, conocida como Ley PINA, que contempla que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, ni de ataques ilegales en su honra y reputación.
Además, es fundamental considerar cuidadosamente la intromisión psicológica de los niños desde la primera infancia o la infancia temprana en relación con la identidad de género. Alentarlo de manera inapropiada puede generar confusión en su comprensión de las preferencias sexuales, que son aspectos que normalmente se exploran en la etapa adulta. Es significativo equilibrar el respeto por los derechos individuales con la necesidad de preservar los valores y principios morales de la sociedad en el desarrollo de programas y políticas relacionadas con la educación sexual.
Así mismo, la educación de los hijos debe ser responsabilidad exclusiva de los padres o tutores legales, y se debe evitar especialmente abordar temas relacionados con prácticas sexuales diferentes a la heterosexualidad. Por lo tanto, ninguna persona debería ser penalizada por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre y cuando no haya violado la ley ni haya atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas o prácticas diferentes a la heterosexualidad.
También, es primordial garantizar la protección de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la familia y la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, así como la libertad de conciencia y de expresión. Los padres tienen el deber de educar y orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad, considerando la patria potestad que les corresponde.
A su vez, es relevante observar que los grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, organizados en colectivos como LGTBIQ+, igualdad de género, matrimonio igualitario y diversidad sexual, se dan a la tarea de proponer educar, socializar y sensibilizar sobre principios contrarios al orden constitucional, a pesar de la falta de legislación nacional que los respalde hasta la fecha.
Por otro lado, es vital reconocer que existen numerosos casos de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes y adultos a nivel nacional. Sin embargo, es trascendental mencionar que la Educación Sexual Integral no puede poner fin a las violaciones sexuales en el país ni prevenir embarazos no deseados. Además, promoverá el uso de abortos provocados para evitar embarazos no deseados. En su lugar, es fundamental implementar programas orientados a la prevención del acoso y la violencia sexual.
Si se desea orientar adecuadamente a los menores desde la edad escolar, no es necesario legislar iniciativas que se alejen de la sociedad tradicionalista y conservadora guatemalteca. En su lugar, sería más efectivo crear programas para educar a los padres o tutores legales, estableciendo escuelas para estos que aborden específicamente temas relacionados con la educación sexual de sus hijos, sin vulnerar la patria potestad y sin incluir adoctrinamiento en la identidad de género ni en las preferencias sexuales, ni tampoco enfocándose en los intereses de colectivos como los LGTBIQ+.
En conclusión, el desengavetado de iniciativas de ley en el Congreso de la República debe ser un proceso transparente y orientado a garantizar que las leyes promulgadas protejan los derechos fundamentales. Asimismo, es necesario estar atentos a posibles influencias políticas de medios de comunicación parciales. En cuanto a la educación sexual, se debe encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la preservación de los valores y principios morales de la sociedad.
La opinión de este artículo es ajena al Noticiero El Vigilante