Entre 2021 y 2022, con Pedro Sánchez como jefe de Estado, se derribaron un total de 256 presas en España, una cifra representa el 50 % de las obras de toda Europa. El número es escandaloso frente a los de Alemania y Suiza, dos naciones que en el mismo periodo derribaron cinco y una presa, respectivamente
El número de muertes en España, tras el paso de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) por Valencia y la comunidad de Castilla-La Mancha, se elevó a 211 en las últimas horas. ¿Se pudo evitar la tragedia que enluta al país? Todas las señales apuntan hacia la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, organismo que ordenó destruir las presas y embalses para restaurar el cauce natural de los ríos, sin considerar el evidente riesgo y vulnerabilidad de las comunidades frente a su “política verde”.
La implementación de España de la instrucción arroja un costo trágico, considerando que la nación llora hoy a las víctimas encontradas en Paiporta, epicentro de la catástrofe. Con un número aún indeterminados de desaparecidos, los cuestionamientos aumentan por la destrucción de las construcciones hidráulicas de Valencia que servían para elevar el nivel de agua y derivar parte del caudal, entre ellas, la de Corindón que permitía al municipio de Chulilla mantener el control del cauce del Turia, la de Molí Malanya y cinco pequeñas infraestructuras en la Rambla de L’Algoder
El debate sobre las demoliciones recae sobre el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, especialmente porque bajo su mando se presupuestó un gasto de 2500 millones de euros para concretarlas.
En medio del caos, La Moncloa insiste en que el millonario monto equivale a una “inversión” por parte la Administración General del Estado para ejecutar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030, un plan que incluye desde eliminar “barreras obsoletas en los ríos” hasta la elaboración de inventarios de especies invasoras.
Sin embargo, las recientes inundaciones en Valencia producto de la DANA levanta dudas sobre si el derribo de algunas presas, como la de Retuerta en Ávila, Robledo de Chavela en Madrid, o la más reciente, en el río Ter, eran necesarias cuando en situaciones de crecidas, los embalses controlan el caudal de los ríos y evitan que el agua inunde zonas habitadas o de cultivo.
A Sánchez lo espera la discusión sobre todo porque a la importancia de la eliminación de las infraestructuras se atribuyen las inundaciones en zonas como la cuenca del río Voltoya, el río Cega y ahora las localidades de Valencia y Castilla-La Mancha.
Del mandatario puede esperarse que hable sobre la la libre circulación de salmones, esturiones y otras especies después de las demoliciones, pero, ¿y las vidas humanas? Para la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), “la administración tiene que analizar que, si el agua es buena, reducir la garantía de un abastecimiento no parece loable, y en España demoler presas y embalses es un acto de vandalismo”.
Asumir la Agenda 2030 por parte de España recae, a juicio de Víctor Viciedo, de la organización SOS Rural, en una mala gestión de los embalses que puede deberse a la aplicación de un modelo europeo a escala española.
Destaca que los ríos fluyen muy fácil en Europa, pero España es seca y si el agua no se embalsa, en los periodos estivales no llega ni una gota de agua al Mediterráneo.
Ello está ocasionando la ejecución de decisiones de máxima seriedad con prisa, lo cual pueden pasarle una factura inasumible a las generaciones venideras. “Se están tomando decisiones potencialmente gravísimas, sin ningún tipo de consulta ciudadana, sin Mesa del Agua, y sin oír las sugerencias de la Sociedad de Presas y Embalses”.
Cree que el derribe de presas en España puede deberse a una medida más para obtener ayudas europeas en lugar de pedir una mayor flexibilidad para ajustarse a la realidad medioambiental peninsular e ibérica.
“Necesitamos embalsar el agua para que las personas beban, para que las personas coman y para generar energía limpia con los saltos de agua”, declaró Viciedo en un reporte de Escaños en Blanco donde también puntualizó que “la estupidez de todo esto es que necesitamos agua para el regadío y para generar energía y ¿lo que hace el Gobierno es destruir las presas para que el agua fluya y que los pececitos lleguen al mar? ¿Estamos locos?”
Quizá se trata de un negocio, cuando el agua comenzó a cotizar en bolsa en 2020, en un contexto de fuertes sequías en California, con la supuesta intención de asegurar a agricultores y ganaderos en períodos de escasez.
La lógica era la siguiente: en épocas de sequía, el valor de los activos se dispara, y se compensa a las personas afectadas por la escasez. En otras palabras: a menos agua, más dinero. El agua cotizó en enero de 2021, su primer mes, a 499.83 dólares, según datos de Bloomberg pero en dos años se duplicó. Es para pensar cuando el pantano de Cijara en Extremadura es del grupo Nestlé, Sierra Nevada es del grupo Danone, la Sierra de Guadarrama de Bezoya y la Serranía de Cuenca de Heineken.
Además, en los últimos diez años España reporta un 71% de incremento en el precio del agua. Y el consumo casi se ha duplicado en 20 años, de 1.454 millones de litros en 2000 a cerca de 2.800 millones de litros en 2021. El debate está servido: ¿es el agua un bien común?
