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J. Federico Rodríguez-Paúl L.

Según el listado de las Organizaciones No Gubernamentales que el Ministerio de Gobernación mantiene publicado en el Internet, actualizado al 2.6.2018, durante el periodo 2006 al 2013 se encontraban inscritas en total seiscientas once (611) organizaciones no gubernamentales, de las que es difícil encontrar alguna con la anotación de haberse cancelado por falta de documentación legal.

Resulta de cualquier forma interesante, la revisión de cuantos aspectos puedan estar implicados en el surgimiento, formación, llegada al país por distintos medios, etc., de las organizaciones que fueron un legítimo resultado de plena buena fue, de la famosa firma de los famosos acuerdos de paz en diciembre de 1996. Es verdad que surgieron verdaderas organizaciones no gubernamentales, cuyo discurso era el “desarrollo integral” a raíz de aquella firma. Desarrollo relacionado con la organización de los vecindarios y la conciencia comunitaria, que implica la toma de conciencia de los deberes y derechos que las leyes establecen, la Educación en sus diversos niveles, la introducción de una Agricultura tecnificada y diversificada y el acceso a la Salud, mediante puestos de salud o pequeños hospitales. No parecen haber leído la ley original ni los políticos, ni los jefes de coordinadoras. Tampoco la comisionada de “derechos humanos” de Naciones Unidas, de nacionalidad chilena Michelle Bachelet. Para ella es harto conocido que toda “ONG para el desarrollo” se limita a la integración de un grupo de vecinos que reciba suficiente dinero como para averiguar donde pueda haber vestigios de alguna “violación de los derechos humanos”. Encontrar “cementerios clandestinos” que pudieron ser los oficiales de poblados existentes antes de la revolución de 1871, creadora de instituciones como el registro civil de personas individuales y jurídicas, leyes sanitarias que declararan e identificaran correctamente los cementerios, normas para ejidos, jades y cementeras, el censo enfitéutico, etc. Lo mismo Amnesty International y Human Rights Watch. No saben bien ni que están hablando. Critican y amenazan porque, si haberlas leído, dicen que tales reformas son “sospechosas”, servirán para impedir el trabajo de los defensores de los “derechos humanos”. La ley original no menciona para nada la expresión “derechos humanos”. Es taxativa en describir que se refiere a las ONG de desarrollo “económico y social”.

Los críticos no han revisado nada. No han visto que el reglamento de la ley original nunca se publicó, como la misma consignaba. Como reglamento se mantiene uno correspondiente a la inscripción de asociaciones emitido en 1998. Y toda esta incoherencia y desactualización es solucionada en las reformas.

Grandes verdades me fueron enviadas a mi Whatssap. La exposición es larga. Exponen sobre “la importancia de que las ONG rindan cuentas, pues en el 2018 el presupuesto de la nación les asigno 787.12 millones de quetzales. Y nadie sabe de qué forma se utilizaron.” Se menciona el dinero que Rigoberta Menchu guarda en Europa. Luego de la publicación a nivel mundial del banco HSBC de origen británico, con franquicia subsidiaria en Suiza, sale a luz que en un combo de CIEN MIL MILLONES DE US$, 63 cuentas tienen origen de pasaportes guatemaltecos. El dinero amonedado en el exterior de Rigoberta Menchu y su fundación inicia desde 1986. Durante las pláticas de paz, la fundación Menchu tiene un problema con el entonces Banco de Comercio que le acredita un alto monto por error en sistema de su cuenta, el Banco de Comercio intenta recuperar su dinero y la Fundación Menchu se rehúsa a devolverlo.” Quizá la cita más preocupante del documento en mi poder. Quienes piensan que la ley de ONG en Guatemala es para proteger a defensores de los derechos humanos, que recurran al Congreso y desarrollen una ley en ese sentido.

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