El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, presentaron dos iniciativas de ley ante el Congreso de la República.
La primera propuesta es la Ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades, la que dispone garantizar la protección y seguridad laboral, física y personal de los funcionarios que denuncien casos de corrupción.
La segunda es la Ley de Beneficiario Final, la cual permitirá al Estado conocer a profundidad a las empresas que le prestan o buscan prestar servicios.
Además, permitirá la creación de un registro de beneficiarios finales adscrito a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la información de quienes son los dueños de las S.A. va a ser pública, esto quiere decir que las entidades económicas bajo el régimen de sociedad anónima, dejarán de ser anónimas.
